El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; el rector de la UIMP, César Nombela; y el presidente del BBVA, Francisco González. / PABLO HOJAS
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprovechó su participación en el seminario que organiza la asociación de periodistas de información económica (Apie) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) para salir al paso de algunas “informaciones periodísticas”. Pero su mensaje también tenía otros destinatarios menos inmediatos, como el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. “Las cifras no acreditan en modo alguno en que el ajuste presupuestario se haya hecho sobre la subida de impuestos”, proclamó Montoro.
En la última pregunta del último Consejo de Gobierno del BCE a Draghi se le inquirió sobre España. En su respuesta, el presidente del Eurobanco, dejó un recado para el Ejecutivo de Rajoy, al que la Comisión Europea acaba de dar dos años más para reducir el déficit público. “Hay que evitar las medidas fáciles, como las subidas de impuestos en países que ya tienen impuestos muy altos. Hay que bajar impuestos y recortar el gasto improductivo”, recomendó.
Montoro había dedicado buena parte de su exposición inicial en el Palacio de la Magdalena (Santander) a rebatir afirmaciones similares. Cuando se le recordó que también rebatía a Draghi, el ministro de Hacienda sonrió: “Agradezco la pregunta, es muy pertinente”, dijo antes de reafirmar que “las cifras” no sostenían que el “histórico” ajuste presupuestario de 2012 se haya hecho mediante subidas de impuestos.
El déficit público escaló en 2012 al 10,6% del PIB, aunque sin contar las pérdidas por las ayudas a la banca, se quedó en el 7%, frente al 9% del año anterior. Para sostener su afirmación, Montoro centró su análisis en las cifras presupuestarias de todas las Administraciones y en el efecto de la recesión.
El ministro recalcó que los recortes de gasto público, en unos 29.500 millones, habían servido para compensar los casi 10.000 millones en desvíos relacionados con la crisis (como las prestaciones por desempleo). Y que los aumentos de recaudación por las subidas en todos los grandes impuestos (unos 10.285 millones) había que contraponerlos también con las caídas de recaudación por la falta de actividad (7.912 millones, sobre todo en cotizaciones sociales). El resultado de su ejercicio es que en el ajuste presupuestario estructural pesa mucho más el recorte de gasto (19.600 millones) que la subida de impuestos (2.273 millones).
“Estamos saliendo de la crisis”, insistió Montoro en un seminario en el que se debate sobre la percepción internacional de la economía española. “No es un discurso optimista, es positivo”, dijo ante las dudas planteadas en el foro. El ministro recordó que la economía española, que ha encajado dos recesiónes casi consecutivas y tiene al 27% de la población activa en paro, tiene “bases de partida” mucho mejores que hace 15 años, con el doble de PIB per cápita o de nivel de ocupación.
Montoro cimentó su “mensaje positivo” en tres factores: el superávit de la balanza exterior –“Eso no lo pronosticó nadie”, afirmó, sin especificar que tampoco se anticipó el hundimiento de las importaciones en la segunda mitad de 2012 por la nueva recesión-, la mejora en el acceso a los mercados internacionales –que relacionó con el impacto del recorte del déficit- y la mejora “automática” de la capacidad adquisitiva por el descenso de la inflación. Una mejora que está por ver: los expertos vaticinan que el IPC bajará del 1% en los últimos meses de este año, pero la inmensa mayoría de los salarios crecen aún menos, cuando no bajan.
Sobre algunas de las incógnitas que Hacienda tiene que despejar en las próximas semanas, Montoro apenas dejó algunos indicios. El ministro aseguró que se estudia “nuevos instrumentos de financiación” para respaldar a las Administraciones que tengan problemas para pagar a sus proveedores en menos de 30 días, un plazo legal cuyo cumplimiento el Ejecutivo de Rajoy exigirá de forma estricta a partir de septiembre. “No será otro plan de pago a proveedores”, dijo en referencia al crédito de 30.000 millones logrado por el Gobierno para comunidades y ayuntamientos con problemas de morosidad. “A los que se acojan a estos instrumentos, se les exigirá una mayor condicionalidad”, añadió, sin más concreciones.
Sobre las nuevas subidas de impuesto previstas, que el Gobierno circunscribe a la fiscalidad medioambiental que recomienda la Comisión Europea, Montoro insistió en que “no se volverá a gravar el consumo de carburantes”. El ministro se limitó a decir que se estudian medidas fiscales en “otros bienes y servicios con externalidades negativas”. Una categoría en la que encajan la matriculación de turismos, o los impuestos especiales a alcohol y tabaco.
Entradas
